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viernes, 24 de marzo de 2017

Carta de un docente al Gobierno Nacional

Acto escolar del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia de 2017.

Compañeras y compañeros, estudiantes, docentes y auxiliares. Hoy recordamos el inicio de la última dictadura militar de la historia argentina, hace 41 años, el 24 de marzo de 1976. Hoy es un día especial para hacer memoria porque tenemos un gobierno que pretende borrarla, desdibujarla y anularla. Funcionarios del Estado andan diciendo, otra vez, que no fue un genocidio, que no fueron 30 mil, que por algo será y que tenemos que dejar el pasado atrás.

El ejercicio de la memoria es inútil si no cumple con dos condiciones también incluidas en el nombre oficial de este feriado, Verdad y Justicia. Porque si hacemos Memoria sin buscar la Verdad podemos caer en la estafa histórica y si hacemos Memoria buscando la Verdad necesariamente tenemos que exigir Justicia. Sólo así podremos construir un presente y un futuro dignos de ser vividos.

Hablemos de la Verdad entonces.

A pocas cuadras de nuestra escuela, en San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977, exactamente hace 40 años, una patota de militares emboscaba y asesinaba a uno de los más grandes periodistas y escritores de la historia cultural argentina, el rionegrino Rodolfo Walsh. El día anterior Walsh había escrito y publicado su último trabajo, un balance del primer año de gobierno de la dictadura de Videla, describiendo en detalle la catástrofe económica y social y el genocidio que ya había empezado.

Perseguido, buscado, Walsh no dejó de luchar y escribir, su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar es una prueba que refutaba en la cara las mentiras del régimen militar hace 40 años y que las sigue desmintiendo hoy, cuarenta años después y que la seguirá desmintiendo cada vez que alguien vuelva a querer mentir sobre lo que pasó. Sería bueno que vayamos a la biblioteca y la volvamos a leer para refrescarles la memoria a los funcionarios.

Porque está largamente comprobado que lo que hizo especial a la dictadura de 1976 fue la construcción de un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio de la población que luchaba por transformar la vida social y económica y construir un país sin pobreza, sin explotación, donde se garanticen los Derechos Humanos para todos y todas, independiente del poder de las principales potencias industriales del mundo. Con diferencias estratégicas y tácticas, esa generación se inspiraba en el socialismo triunfante en 1917 en la Unión Soviética, en el de la República Popular China de 1949 y en el de la República de Cuba de 1959.

Por eso reclamamos que se trató de un genocidio, comparable con el exterminio de paraguayos y gauchos federales durante la Guerra de la Triple Alianza y el de los pueblos originarios de la Patagonia y el Chaco llevados a cabo 100 años antes con alevosía por los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Genocidios que el Estado ha querido ocultar, por caso llamando “Conquista del Desierto” a la masacre de aborígenes que el actual Ministro de Educación Nacional acaba de reivindicar hace pocos meses.

La comparación es pertinente porque la dictadura de Videla, Massera, Agosti y sus continuadores se llamó a sí misma Proceso de Reorganización Nacional precisamente porque se inspiraba en las acciones de esas presidencias liberales, que se conocen en los manuales de historia como el Proceso de Organización Nacional.

El uso de los mismos métodos sanguinarios para eliminar al pueblo que quería otro destino no fue lo único que imitaron los militares. El Proceso de Videla y compañía, como el de Mitre y compañía, organizó una economía agroexportadora y dependiente del capital y la industria extranjera, liquidando el escaso desarrollo industrial que existía, fundando el negocio de la soja que hoy es el principal y único sostén de la economía nacional; como en el siglo 19, se generó una deuda externa que las investigaciones del Congreso Nacional han demostrado fue fraudulenta, se vaciaron y destruyeron las empresas de comunicaciones y energía que eran del Estado y se pasaron al Estado las deudas de empresas privadas que antes de la dictadura estaban al borde de la quiebra y hoy son las empresas privadas más millonarias, el Grupo Clarín y Techint a la cabeza.

Podríamos decir que este 24 de marzo el famoso neo-liberalismo cumple 41 años en nuestro país.

Aproximadamente 30 mil personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas u obligadas a irse del país. Se censuraron canciones y artistas musicales, pinturas, fotografías y artistas visuales, libros y escritores, diarios y periodistas, sindicatos y sindicalistas, editores y editoriales, centros de estudiantes y delegaciones estudiantiles. Abogados, médicos, docentes, metalúrgicos… no hay oficio o profesión que no cuente con cientos y miles de desaparecidos, torturados, cesanteados, exiliados.

El proceso de destrucción de la educación y la salud gratuita, científica y laica alcanzó con la dictadura un salto de calidad, la verdadera “caída” detrás de las palabras del presidente.

La memoria es un ejercicio inútil sino sirve para entender el presente. El país que tenemos, la sociedad, la economía, la política que hoy vivimos es producto de la dictadura que comenzó hace 41 años. No se trata de recordar y poner en una foto lo que pasó, se trata de mirarnos en esa foto y ver qué nos pasa hoy.

En la actualidad existen casi 4500 leyes que organizan la vida en nuestro país. Un diez por ciento de ellas, 417, fueron dictadas sin ninguna legitimidad por una dictadura que clausuró el Congreso. El régimen de organización de la Policía, cómo juzgamos al delito juvenil, las entidades financieras, la venta de tierras públicas del Ejecutivo sin pasar por el Congreso, el pago de sueldos a la Iglesia Católica con dineros estatales, las leyes laborales y muchos otros aspectos fundamentales de la vida en sociedad todavía hoy se siguen rigiendo con las leyes de la dictadura genocida y no han sido derogadas por ningún gobierno. Al contrario, se aprovechan de ellas.

En 41 años todavía no hemos podido hacer justicia con los responsables del genocidio de los años 70. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales 2.800 sujetos fueron acusados de delitos de lesa humanidad, la mitad todavía está libre, uno de ellos, incluso, llegó a ser Jefe del Ejército hasta hace poco; de los que fueron juzgados y condenados sólo el 38% recibieron cadena perpetua; muchos de ellos tienen el privilegio de cumplir su condena en la comodidad de sus hogares y no en una cárcel común; hoy sólo hay 13 juicios en desarrollo; 50 genocidas condenados están prófugos de la ley; 426 se han muerto de muerte natural antes de ser juzgados.

En estos 41 años ningún gobierno fue capaz de promover y garantizar la investigación judicial y la condena de ninguno de los empresarios que se beneficiaron, promovieron y financiaron la dictadura militar. Tampoco fueron juzgados los políticos que avalaron estos crímenes manteniendo sus funciones en el aparato del estado nacional, provincial ni municipal; ni los jueces y religiosos de distinto rango que colaboraron con la dictadura.

¿Qué tipo de justicia puede tener una sociedad que tarda 41 años en condenar a personajes que diseñaron un gigantesco plan de exterminio como el que sufrimos?

En algo tiene razón el gobierno cuando dice que no fueron 30 mil. Como no hubo justicia, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos siguen engrosando la cuenta incluso con más de treinta años de democracia.

La impunidad permitió que las fuerzas de seguridad continuaran con las viejas prácticas. En los barrios obreros más humildes de todo el país se siguen produciendo violaciones a los derechos jurídicos más elementales y tenemos documentados por CORREPI casi cinco mil casos de asesinatos en movilizaciones o protestas sociales, gatillo fácil, desaparición forzada, y asesinatos de personas detenidas en comisarías o cárceles.

Dos dolorosos ejemplos de los nuevos desaparecidos. En 2006 las fuerzas de seguridad sobrevivientes desaparecieron a Jorge Julio López, mientras era testigo en uno de los juicios contra quienes lo habían secuestrado y torturado en los setenta. En 2009 la policía bonaerense secuestró y asesinó a Luciano Arruga de 16 años porque se había negado a robar para ellos, fue enterrado en una tumba sin nombre en el Cementerio de Chacarita hasta que fue descubierto en 2014. Hay 200 tumbas sin nombre en el mismo Cementerio. 

¿Cuántas tumbas sin nombre existen en los cementerios del país? ¿Cuántos Luciano Arruga siguen sin ser descubiertos?

El Estado calcula que existen más de 6 mil personas desaparecidas, secuestradas por redes de trata para la esclavitud sexual o laboral, la gran mayoría mujeres, niñas y niños. El crecimiento del narcotráfico ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos veinte años.

El secuestro de personas y la operatividad de las redes de narcotráfico a estos niveles es imposible de llevarse adelante sin la colaboración activa de las fuerzas de seguridad, las instancias judiciales y los aparatos políticos. El caso de México es, lamentablemente, el espejo donde nos miramos todos los países de América Latina.

Los niveles de violencia contra las mujeres que estamos viviendo son insoportables e inauditos. Todavía no se cumple el más mínimo derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Se calculan 3 mil mujeres muertas por abortos clandestinos en más de treinta años de democracia.

Si sacamos bien las cuentas fueron 30 mil y vienen siendo cuarenta y cinco mil.

¿Y qué pasó en estos 41 años con los otros derechos humanos, los económicos y sociales?

En marzo de 2012, en su presentación frente al Congreso Nacional, la presidenta de la Nación argumentó que el desfinanciamiento de los trenes que provocó la muerte de 52 trabajadores en el choque de una formación sin frenos del FFCC Sarmiento en Estación Once se debía a un hecho absolutamente cierto: la mayor parte del presupuesto nacional se destina al pago de la deuda externa, que en su mayoría contrató la dictadura.

El estado lamentable de las rutas argentinas, que promueve una de las principales causas de muerte en nuestro país, el estado de los trenes y colectivos, los cortes de luz, la falta de agua potable y cloacas en la mayor parte del país, el deterioro de los hospitales y las escuelas públicos se deben a lo mismo, amén de la corrupción: el presupuesto que se pone en el pago de la deuda externa de la dictadura.

Seguimos dependiendo de la importación de bienes industriales del exterior y del endeudamiento externo para vivir; dependemos de la exportación de soja que está generando un genocidio ecológico con los suelos y aguas potables, transformando tierras fértiles en desiertos y generando inundaciones mientras la calidad de los alimentos que consumimos se degrada sistemáticamente, colaborando en el aumento de los índices de mortalidad infantil y enfermedades crónicas.

Se vota el pago de la deuda externa a los buitres extranjeros mientras se agita desde el Estado el odio contra los extranjeros e inmigrantes como causa de todos los males, fogoneando la violencia en nuestros barrios.

Todo esto quiere decir que los derechos humanos elementales, a la salud, la educación, la vivienda, el alimento y el trabajo, que deberían ser garantizados por el Estado a todos los habitantes del país no se cumplen.

Tenemos 13 millones de personas bajo la línea de pobreza, un millón y medio no llegan a juntar ingresos suficientes para alimentarse mínimamente. La mitad de la población en condiciones de trabajar tiene trabajo en negro, sin ningún derecho, el promedio salarial está en los 6 mil u 8 mil pesos, las jubilaciones mínimas en 6 mil pesos cuando la canasta familiar está entre los 13 mil y los 19 mil pesos. Mientras se expulsan manteros y artesanos de las plazas y se pide represión a los piquetes de la pobreza, se cierran fábricas todos los días.

Para finalizar, ¿qué podemos aprender de este repaso por la memoria histórica de nuestro pueblo?

A los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos los secuestraron por luchar. Es decir, que todo ese plan tenía el objetivo de que nunca más la población volviera a luchar por los derechos humanos plenos. Querían meternos miedo para que no lo volvamos a hacer.

Sin embargo, hace unos años atrás, los delegados del Subte, que después de veinte años recuperaron su organización sindical y conquistas laborales arrancadas por la dictadura, obligaron al Estado a ponerle el nombre de Walsh a la estación de la línea E de San Juan y Entre Ríos. Todo un símbolo.



A pocas cuadras de aquí, en Chile y Virrey Cevallos, funciona un Centro Cultural en el edificio donde funcionaba un Centro Clandestino de Detención, Tortura y exterminio regentado por la Fuerza Aérea. Su historia también es un símbolo. Dos jóvenes que sobrevivieron al secuestro y la tortura en ese infierno, y veinte años después junto a otros sobrevivientes y familiares de nuestro barrio, dieron una lucha incansable para que el Estado expropie el inmueble y hoy ese edificio es la principal prueba en el juicio contra los genocidas que los secuestraron y torturaron.

Nadie les regaló nada. Volvieron de la muerte, lucharon contra todos los obstáculos y obligaron a todos los gobiernos.

Tres semanas atrás millones de mujeres se movilizaron el 8 de marzo en todo el país para denunciar la violencia machista y exigir sus derechos, las mujeres en Argentina son las orgullosas fundadoras de uno de los movimientos de lucha más importantes e imitados de todo el mundo, el niunamenos.

Ayer mismo, medio millón de docentes, estudiantes y familiares nos movilizamos para poner freno al saqueo de la educación pública, a pesar de las mentiras y las infamias que vende la prensa adicta al gobierno, a pesar que el presidente diga que estudiar en la escuela pública es “caerse” de algún lado importante acusando a la juventud y la docencia de vagos, faltadores y poco capacitados. A pesar que nos descuenten los días de huelga, violando el derecho a protestar y a pesar de que manden a la policía a tomar asistencia a las escuelas, como hace 41 años.

Quisieron exterminar una generación de jóvenes que querían un mundo sin miseria, donde se garantizaran todos los derechos humanos elementales y no pudieron.

El camino es, entonces, no bajar los brazos ante la adversidad, por más cruel que 
haya sido, por más dolorosa e injusta que sea nuestra vida todos los días. No nos dejemos vencer, encontremos en nuestras compañeras y compañeros, en nuestros vecinos y vecinas, la fuerza necesaria para encontrar el camino y la salida.

Organicémonos con ellos una y mil veces, insistamos todo lo que sea necesario hasta conquistar nuestros derechos no importa lo grande que sea el poder que nos enfrenta.

Tenemos que comprobar hoy, en esta escuela sin presupuesto suficiente, con docentes que laburamos con sueldos muy bajos, con estudiantes que hacen un esfuerzo cotidiano por asistir y estudiar, todes nosotres pertenecientes a esa sociedad castigada que describíamos antes, que a pesar de todo, la Dictadura no venció, que no han logrado, a pesar de todo, que nos adaptemos, que nos callemos ante la injusticia, que todavía luchamos.

Que en cada esfuerzo nuestro de cada día, la memoria y los sueños de la generación que fue asesinada siguen vivos.


Que en nuestra lucha cotidiana, los 30mil desaparecidos, están presentes. 

Entonces, el futuro es nuestro.

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